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El costo oculto de la delincuencia

Dr. Danilo Leal 

Director Magíster en Ciencias de la Computación 

& Magíster en Ingeniería Informática U. Andrés Bello 

Presidente Comisión Ciencia de Datos Colegio de Ingenieros, Zonal Valparaíso.

Tal como señaló el Ministrio de Hacienda, Mario Marcel, la delincuencia  “Genera costos y riesgos adicionales. O sea, la empresas tienen que invertir más en seguridad, cámaras, seguros, personal de seguridad privada, etc”. En un panorama donde la delincuencia está en alza, las empresas se enfrentan a desafíos crecientes que impactan significativamente sus finanzas y operaciones. Para contrarrestar los efectos de la delincuencia, las organizaciones están incrementando sus inversiones en medidas de seguridad, lo que conlleva un aumento sustancial en sus costos operativos.

La implementación de sistemas de seguridad avanzados, la contratación de personal de seguridad adicional y la adquisición de seguros más costosos se están convirtiendo en prácticas estándar para las empresas que buscan proteger sus activos.

Además, las empresas no solo enfrentan pérdidas directas por robos o actos vandálicos, sino que también deben lidiar con interrupciones operativas que pueden afectar gravemente sus líneas de producción y servicios, resultando en pérdidas de ingresos. Las compañías también están destinando recursos significativos para la gestión de crisis y la protección de su reputación en el mercado, aspectos críticos tras incidentes delictivos.

El bienestar de los empleados también ha tomado un papel central, con las empresas invirtiendo en programas de apoyo y capacitaciones en seguridad para asegurar un ambiente laboral seguro. Debemos considerar además el aumento del crimen cibernético, la inversión en seguridad informática se ha vuelto una prioridad para proteger los datos críticos de las empresas y de sus clientes, añadiendo otra capa de costos a la ya onerosa carga financiera que el crimen impone a las empresas.

Todos estos gastos extras de seguridad en el que incurren las empresas son traspasados al consumidor final, quien termina pagándolos como consecuencia de un aumento de la delincuencia. Un claro ejemplo de esto es la ley que obliga a quienes tienen vehículos, el grabado de las placas patentes en los vidrios y espejos.

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