La Región de Los Lagos figura entre los territorios alcanzados por el Segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA N°2) de la Contraloría General de la República, que revisó los estados financieros de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024. En el listado aparece la Municipalidad de Castro, dando cuenta de que el desorden financiero detectado también afecta a comunas del sur del país.
El informe concluye que ninguna de las entidades fiscalizadas logró acreditar la confiabilidad de sus estados financieros, aplicándose en el 100% de los casos la figura de “abstención de opinión”, lo que implica que no existió evidencia suficiente y adecuada para validar la razonabilidad de las cifras presentadas.
Entre las causas identificadas se repiten controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias no aclaradas, falta de análisis que sustente los saldos informados y graves deficiencias en los sistemas informáticos contables y de operación. Estas falencias impiden una gestión financiera confiable y revelan riesgos significativos de mala administración de recursos públicos.
El informe cuantifica en $15,9 billones de pesos —equivalentes a US $17.300 millones— los recursos involucrados en este desorden financiero, cifra que representa aproximadamente un sexto del presupuesto público de 2026. De ese monto, el 91% corresponde a entidades del Gobierno Central y el 9% al sector municipal, evidenciando que la crisis afecta a todo el aparato estatal.
Para los habitantes de la Región de Los Lagos, donde la gestión municipal es clave para enfrentar brechas de conectividad, servicios básicos, salud y desarrollo territorial, el informe resulta especialmente sensible. Aunque la auditoría corresponde a una muestra específica, la reiteración de las mismas fallas permite inferir que la situación podría extenderse a otras comunas de la región, incluso aquellas no auditadas en este proceso.
La Contraloría informó que, a raíz de estos hallazgos, se instruyeron 27 sumarios administrativos, 10 procedimientos disciplinarios internos y 10 remisiones de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, confirmando la gravedad del escenario detectado.
El diagnóstico es claro: el Estado chileno enfrenta una crisis estructural en materia de control financiero y rendición de cuentas, lo que plantea un desafío urgente para regiones como Los Lagos, donde la confianza ciudadana en las instituciones depende, en gran medida, de una administración transparente y responsable de los recursos públicos.
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