La discusión de la ley de presupuesto 2024 se ha iniciado y el acápite de financiamiento de la ciencia es preocupante (débil crecimiento de un 1,6%). En rigor, con esta propuesta, no se dispondrá de nuevos instrumentos que colaboren con el objetivo de mejorar las capacidades investigativas de nuestros territorios – fundamentalmente a través de sus universidades regionales – para producir un desarrollo social y productivo real, el que no puede levantarse sobre los pilares de una escandalosa asimetría propia del actual sistema de financiamiento.
De esta forma, no solo se incumple el compromiso gubernamental de “alcanzar una inversión del 1% del PIB” (Sistema CTCI para el global de Gobierno), sino también aquel que fue expresado en la cuenta 2023 y que plantea “duplicar el presupuesto público en I+D … empujado por nuestras universidades regionales, la gran mayoría estatales en todo Chile y por aquellas universidades que hoy están moviendo la frontera de lo posible y nos acercan al futuro”.
El sistema público de ciencia tiene una existencia de casi sesenta años. Éste ha logrado sostener una actividad investigativa muy relevante para el país, pero es un hecho que este sistema ha tocado un “techo de cristal”: no es posible apurar el desarrollo haciendo lo mismo. En este marco, un cambio clave debiese ser el tratamiento programático y presupuestario hacia regiones. Solo a modo de ejemplo, a excepción de las regiones metropolitanas, la mayoría “sufre” una menor cantidad de proyectos adjudicados de investigación, menos financiamiento para proyectos asociativos (v.g., Centros CORFO), una muy menor proporción de inserción de profesionales con doctorado, menos apoyo para equipamiento científico y menos apoyo para el fomento de emprendimientos con base científico-tecnológica.
El presupuesto 2024 no aporta soluciones. El presupuesto deja a la actual institucionalidad en ciencias dormida en un tálamo de intrascendencia. Más grave aún, el presupuesto fortalece la orientación a seguir compitiendo entre universidades; aspecto que ha producido desigualdad e incapacidad para abordar temas estratégicos y complejos de política pública que requieren, por el contrario, de políticas de asociatividad.
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