Cámaras de televigilancia del Sistema Nacional podrían dejar de operar en Temuco, Villarrica, Angol y Nueva Imperial

Conflicto entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la empresa Ingesmart pone en riesgo la continuidad del Sistema de Teleprotección en 66 comunas del país.

Las cámaras de televigilancia instaladas en Temuco, Villarrica, Angol y Nueva Imperial como parte del Sistema de Teleprotección a Nivel Nacional podrían quedar fuera de funcionamiento si no se resuelve el conflicto judicial que enfrenta a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) con la empresa Ingesmart SpA.

El proyecto contempla cerca de 1.000 cámaras distribuidas en 66 comunas del país, destinadas al monitoreo remoto de espacios públicos y a apoyar la prevención del delito mediante transmisión de imágenes en tiempo real hacia centrales de vigilancia.

Según antecedentes entregados por la empresa, existe el riesgo de que el sistema deje de operar si la controversia contractual no se resuelve, lo que afectaría directamente la continuidad del servicio en las comunas que hoy cuentan con estos dispositivos.

En La Araucanía, las cámaras fueron instaladas en Temuco, Villarrica, Angol y Nueva Imperial bajo una licitación adjudicada en 2020, que incluía instalación, arriendo operativo con opción de compra y mantención integral.

El conflicto escaló el 16 de enero de 2026, cuando se presentó una querella contra la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, por presuntos delitos de apropiación indebida y prevaricación administrativa, tras una resolución que incorporó los equipos al patrimonio del Estado. La acción fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo con Ingesmart, el contrato enfrentó dificultades operativas y posteriormente multas que superarían las UF 189.000, además del cobro de pólizas de garantía. La empresa sostiene que el perjuicio económico ascendería a UF 175.633, cifra cercana a los 7 mil millones de pesos.

Más allá de la disputa financiera, la preocupación en las comunas es concreta: si el sistema deja de mantenerse o se interrumpe el contrato, las cámaras podrían quedar fuera de línea, reduciendo una herramienta que hoy forma parte del esquema de seguridad preventiva en calles y puntos estratégicos.

Desde la Seremi de Seguridad Pública en La Araucanía declinaron referirse al tema debido a que el seremi regional, Israel Campusano, se encuentra haciendo uso de su feriado legal.

Las próximas decisiones judiciales y administrativas serán clave para determinar si el sistema continuará operando con normalidad o si este conflicto terminará impactando directamente la seguridad de las familias en la región.

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