En un hecho sin precedentes en la persecución penal del robo de madera, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía formalizó a siete aserraderos de las regiones del Biobío y La Araucanía por el delito de receptación. Se trata de la primera vez que el Ministerio Público imputa este tipo de delito a personas jurídicas en el país.
Las empresas formalizadas son Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA), las que, según la investigación, durante el año 2022 adquirieron madera robada desde fundos de Forestal Mininco en Galvarino y Collipulli.
“El objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no solo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito”, explicó el fiscal Enrique Vásquez, quien lidera la investigación junto al OS-9 de Carabineros.
Los antecedentes expuestos por el Ministerio Público permitieron acreditar que los principales responsables del robo fueron Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, ya condenados a cinco años de presidio por hurto y asociación ilícita para la sustracción de madera.
Cada empresa fue imputada junto a la persona natural que gestionó la compra de la madera en su representación. “Estamos ante un hito relevante: se trata de la primera formalización contra personas jurídicas por un delito determinado. En este caso, por receptación”, enfatizó el fiscal Vásquez.
Seis de las empresas involucradas accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a aportar más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de Galvarino, en beneficio directo de la comunidad local.
La única firma que optó por rechazar la salida alternativa fue PROMASA, la que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, habría adquirido más de 2.300 metros cúbicos de madera sustraída, por un valor superior a los 144 millones de pesos. “Esperamos presentar acusación en su contra. En concreto, la investigación continúa respecto de la persona natural que adquirió de manera directa la madera sustraída, y también respecto de la empresa que no tomó las precauciones a efectos de no cometer delito”, adelantó Vásquez.
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), valoró el avance de la investigación y sostuvo que “los responsables deben responder ante la justicia”.
La Fiscalía informó además que hay tres empresas más que serán formalizadas próximamente, mientras continúa el trabajo para desarticular por completo las redes de comercialización de madera robada que afectan gravemente a la macrozona sur.
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