La Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) fue elegida para integrar el Consejo Nacional para la Gobernanza de Escazú, instancia convocada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que reúne a representantes del Estado, la sociedad civil, pueblos indígenas, academia y sector privado, con el objetivo de fortalecer la implementación del Acuerdo de Escazú en Chile.
El Vicerrector de Investigación y Postgrado, Dr. Antonio Brante, -quien es el representante de la UCSC en este Consejo, como suplente la Dra. Catterina Sobenes, académica de la Facultad de Ingeniería y Directora del Centro de investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS UCSC)– destacó la importancia de la designación.
“Es muy significativo para la Universidad poder participar en estas instancias a nivel nacional. Desde su misión la UCSC está comprometida con el desarrollo sostenible de la Casa Común, a través de la formación e investigación, pero también desde la vinculación con el medio externo a través de la participación en esta gobernanza, donde también estarán presente representantes del sector productivo, público y sociedad civil. Queremos aportar desde nuestra mirada como UCSC al desarrollo sostenible con justicia ambiental y democracia participativa”, señaló.
El Consejo, anunciado oficialmente por el Ministerio del Medio Ambiente, busca promover la participación activa, el acceso a la información y la justicia ambiental, pilares fundamentales del Acuerdo de Escazú, primer tratado regional en materia de democracia ambiental en América Latina y el Caribe.
Desde la UCSC, la incorporación a esta instancia se asume como una oportunidad para contribuir con evidencia científica y formación ética a las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la protección de los derechos ambientales de las comunidades.
El nombramiento consolida el compromiso de la Universidad con los valores de la sustentabilidad, la participación y el diálogo interdisciplinario, e impulsa su papel como actor relevante en la construcción de una gobernanza ambiental más justa e inclusiva en el país.
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