El reciente atentado incendiario que destruyó 50 vehículos y maquinarias en la central hidroeléctrica Rucalhue, en la comuna de Quilaco, Región del Biobío, ha generado críticas hacia la Fiscalía Regional del Biobío y su titular, Marcela Cartagena. Parlamentarios de la zona cuestionan la efectividad de la fiscal en investigaciones relacionadas con violencia rural y expresan preocupaciones sobre la dirección de la actual indagatoria.
La diputada Flor Weisse (UDI) manifestó: “Este es un hecho gravísimo que afecta la seguridad, la inversión, el desarrollo y la productividad en la Región del Biobío. Por eso es esencial que la Fiscalía Nacional o Regional designe un equipo especializado que pueda esclarecer rápidamente los hechos, identificar a los responsables y buscar las máximas sanciones penales y efectivas. Frente a uno de los atentados terroristas más graves en la historia de nuestro país, el ente persecutor no puede volver a repetir los errores que hemos conocido en anteriores causas”.
Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) señaló: “Existen suficientes antecedentes y un historial de desprolijidades en investigaciones anteriores que, por supuesto, nos generan legítimas dudas sobre la posibilidad de alcanzar resultados concretos y exitosos frente a este grave atentado que afectó a nuestra región. Lamentablemente, la Fiscalía Regional del Biobío, en gran parte por quien actualmente está a la cabeza, ha demostrado una falta de rigurosidad en distintas causas, lo que ha impedido hacer justicia por las víctimas al terminar sin responsables”.
La diputada Joanna Pérez (Demócratas) también se sumó a las críticas, indicando: “Hoy debe ser designado a cargo aquel fiscal que tenga más experiencia y especial expertiz en materias de terrorismo y/o crimen organizado”.
El diputado Leonidas Romero (Ind.) expresó su desconfianza en la fiscal Cartagena: “Marcela Cartagena no debería asumir la responsabilidad de ninguna investigación. Se me viene a la memoria que hace casi ocho años atrás le entregué una carpeta con antecedentes sobre financiamiento ilegal de política, con nombres, RUT, montos, y no estudió nada. Hemos conocido muchos casos como ese y ahora yo creo que tampoco vamos a tener respuesta, no se van a encontrar a los culpables ni menos se les va a sancionar”.
En contraste, el diputado Félix González (Ind.) mostró confianza en los equipos de investigación: “Independiente de la labor de la fiscal regional, hay equipos de la fiscalía y policías, coordinados con otros servicios públicos, que han tenido resultados efectivos especialmente en la provincia de Arauco (…) En este caso en particular, confiamos en que se hará una investigación responsable y esperamos que no se criminalice a las organizaciones ambientales y ecologistas que nos oponemos a la construcción de la central Rucalhue”.
Desde el Ministerio Público, se ha informado que la investigación está a cargo del fiscal de Los Ángeles, Carlos Díaz, en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI. Además, se ha activado un grupo especial multidisciplinario para abordar las diligencias del caso.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que, aunque el Ejecutivo puede presentar querellas conforme a sus atribuciones, “finalmente son los fiscales los que definen cuál es la ley aplicable”. Añadió que “a la luz de los antecedentes que están disponibles en la prensa, efectivamente pareciera que la Ley Antiterrorista fue modificada y promulgada para, entre otros casos, situaciones como las que hemos podido advertir que habrían ocurrido este fin de semana”.
El atentado a la central Rucalhue ha reavivado el debate sobre la eficacia de las instituciones encargadas de investigar y sancionar actos de violencia en la Macrozona Sur, poniendo en el centro de la discusión el rol de la Fiscalía Regional del Biobío y su liderazgo en casos de alta complejidad.
Fuente: La Tercera
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