El Decreto 170, promulgado en 2009, regula la identificación de alumnos con necesidades educativas especiales como la entrega de apoyos. Sin embargo, estos lineamientos quedan obsoletos frente a las complejidades en las salas de clases. Y es que los estudiantes con necesidades educativas aumentaron significativamente como sus variados desafíos.
En 2023, se promulgó la Ley de Autismo N° 21.545, avance importante en materia de inclusión. Esta ley insta a los establecimientos a desarrollar protocolos de desregulación emocional, conductual (DEC) y planes de acompañamiento emocional y conductual (PAEC) para estudiantes del espectro autista.
Sin embargo, su implementación no ha sido lo esperado. Pues no se han destinado recursos para capacitaciones, y los equipos de los Programas de Integración Escolar (PIE) están sobrecargados con labores administrativas. No hay énfasis en potenciar a los estudiantes.
Se requieren cambios en las políticas educativas, pero no solo en términos normativos, sino también presupuestarios.
La Ley de Autismo, por ejemplo, no contempla una subvención específica para los establecimientos educacionales, lo que dificulta su aplicación real. Es urgente más espacios de capacitación para docentes, equipos de apoyo, como para padres y apoderados. Que el enfoque de la educación inclusiva forme parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Así como la incorporación de más profesionales del área educativa y la salud para fortalecer el trabajo colaborativo.
Asimismo, las escuelas universitarias de educación en pregrado deben asumir un rol clave en la formación docente. Es fundamental que los estudiantes de las carreras de pedagogías se preparen en atención a la diversidad, innovación metodológica, normativas de educación inclusiva y trabajo colaborativo.
Hoy los establecimientos educacionales realizan un gran esfuerzo para responder a la diversidad, además del trabajo administrativo, la evaluación docente y muchas otras responsabilidades. Sin embargo, la vocación y la voluntad no bastan para generar una educación inclusiva. Se necesitan políticas efectivas, recursos adecuados y un compromiso real que garantice el derecho a una educación de calidad para todos y todas.
Jeannette Muñoz, académica de la carrera de psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello.
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