A partir del 18 de junio, los ciudadanos chilenos que soliciten visas para estudiar o participar en programas académicos en Estados Unidos, además de contar con su papeleo y seguros de viaje en regla, deberán tener sus redes sociales en modo público. La medida, confirmada esta semana por la Embajada de Estados Unidos en Chile, ha generado un intenso debate en torno a la privacidad y los derechos individuales.
La disposición afecta a quienes postulan a las visas F, M y J, utilizadas principalmente por estudiantes, investigadores y académicos que realizan intercambios en universidades e instituciones estadounidenses. Estas categorías son clave para la cooperación científica y académica internacional y atraen cada año a cientos de postulantes chilenos.
La normativa, que reactiva la tramitación de estas visas tras una suspensión temporal el 7 de junio, exige que los perfiles digitales sean públicos para poder analizar la actividad en redes sociales de los postulantes. Esto incluye revisar publicaciones, imágenes, comentarios y cualquier forma de interacción que pueda reflejar actitudes consideradas hostiles hacia Estados Unidos.
Según el comunicado oficial de la embajada, el objetivo principal es garantizar la seguridad nacional y evitar el ingreso de personas que puedan representar una amenaza. “El visado es un privilegio, no un derecho”, recalca la representación diplomática, enfatizando que la medida busca identificar contenidos contrarios a la cultura, gobierno o valores democráticos del país.
La embajada también explicó que, en caso de que un postulante mantenga sus redes privadas o restringidas, la solicitud de visa no podrá ser aprobada. “Solicitar una visa es una elección personal, pero quienes lo hagan deben cumplir con los requisitos legales y de seguridad”, se indica.
Aunque la revisión de redes sociales en procesos de visado no es completamente nueva, la exigencia de mantener perfiles públicos ha reactivado la preocupación sobre el alcance de este control.
Expertos en privacidad advierten que la medida podría disuadir a jóvenes y académicos de participar en programas internacionales, afectando no solo la cooperación científica, sino también la diversidad de perspectivas en el ámbito académico.
Desde el punto de vista legal, se ha cuestionado la compatibilidad de la norma con el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la medida argumentando que no está relacionada con censura, sino con garantizar que quienes ingresen a Estados Unidos no representen una amenaza.
El endurecimiento de los filtros migratorios y el escrutinio digital no son exclusivos para Chile, pero este caso ha puesto en el centro de la discusión el delicado equilibrio entre seguridad nacional y derechos individuales.
A medida que más países adoptan controles tecnológicos y digitales en sus políticas migratorias, el debate sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos para proteger sus fronteras y al mismo tiempo respetar la privacidad de los solicitantes seguirá intensificándose.
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