De esta manera se oficializó la puesta en marcha del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo a través de un Comité Corfo, dando cumplimiento a uno de los compromisos de Gobierno cuyo objetivo busca impulsar este modelo asociativo en línea con un crecimiento más justo, sostenido, descentralizado y en armonía con el medio ambiente y las personas.
El directorio del INAC tiene un carácter público-privado, teniendo representantes de ambas esferas. De parte del sector público, sus directores son representantes de distintos organismos públicos, más allá de quien ocupe el cargo. Así, desde el Estado, el Consejo Directivo está integrado por el gerente de Redes y Territorios de Corfo, Claudio Valenzuela Chadwick; la gerenta de Desarrollo Asociativo de Sercotec, Mariza Guajardo Cartes; el jefe de Fomento de INDAP, Sebastián Acosta Villa y el jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas, Juan José Montes Letelier, quien asumió en reemplazo de Cristóbal Navarro Marshall.
Desde el mundo privado, los consejeros durarán cuatro años y son elegidos de común acuerdo por el ministro de Economía, Fomento y Turismo y el vicepresidente ejecutivo de Corfo. La elección se realiza a partir de una nómina de cuatro candidatos presentados por las confederaciones de cooperativas con, al menos, cinco años de existencia.
De esta manera, del sector cooperativo asumen como directores el representante de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile, Rodrigo Silva Íñiguez, electo como presidente del Consejo; Horacio Azócar Bustamante de la Confederación General de Cooperativas de Chile, quien asumió como vicepresidente de la instancia y José Agustín Mariano Quinchao y Carlos Rubio Estay de la Asociación Nacional de Cooperativas de Chile y de la Confederación General de Cooperativas de Chile (Confecoop), respectivamente. Adicionalmente, quedan en calidad de consejeros suplentes Mauricio Cárcamo Peschke y Juan Corvalán Huerta de la Confecoop.
El INAC, que funcionará a través de un comité Corfo, representa el hito más importante para las empresas cooperativas en los últimos 50 años y deberá atender a “organismos del segundo y tercer piso”, es decir, federaciones, confederaciones e institutos auxiliares.
Como parte de sus funciones, el instituto deberá articular al menos a 50 organismos públicos- entre ministerios, servicios, municipios y gobiernos regionales, además de varios privados-, para la promoción y el fomento del cooperativismo. Al momento, ningún organismo público tenía esa atribución.
A nivel local, la región cuenta con 28 cooperativas activas de distintos rubros y justamente fue la misma Seremi de Economía, María Teresa Véliz quien resaltó este importante hito de la economía social, ya que “permite una mejor coordinación de recursos para contribuir con esta formas de organización, así como conectar de mejor manera con otras instituciones municipales y de los gobiernos regionales para promover el cooperativismo que a nuestro parecer es una orgánica que, con el debido acompañamiento, permite importantes externalidades positivas a los socios que la conforman”.
Este Comité Corfo también podrá firmar convenios con organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, que aporten recursos para contribuir al desarrollo del sector cooperativo. De igual forma, brindará asistencia técnica a organismos del sector público para el diseño, implementación y evaluación de planes, programas y herramientas de promoción y fomento, permitiendo que se incorporen de mejor manera las particularidades de las cooperativas.
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