Por Eugenio Fierro es Preparador Físico, “Egresado destacado del año 2021” (Santo Tomás, Rancagua, Chile), conferencista del equipo High Fitness. Autor del libro: High Fitness Kids
La auditoría de la Contraloría sobre el Instituto Nacional de Deportes (IND), correspondiente al cierre de 2021, deja más preguntas que respuestas. El ente fiscalizador se abstuvo de emitir opinión sobre los estados financieros del organismo, tras detectar irregularidades que resultan difíciles de ignorar: $187 mil millones en cuentas por cobrar, $102 mil millones en ajustes contables sin respaldo documental y otros $29 mil millones en los que el propio IND figura como deudor de sí mismo.
Estos antecedentes no son un detalle técnico ni un problema menor de contabilidad. Reflejan una gestión deficiente y opaca, que pone en duda la capacidad del IND para administrar correctamente recursos públicos de gran magnitud. Cada peso que gestiona este organismo proviene del presupuesto del Estado y tiene un propósito claro: financiar infraestructura deportiva, apoyar a atletas, fortalecer programas y promover la actividad física a nivel nacional. Que la Contraloría no pueda validar esas cifras es una señal grave de falta de control y transparencia.
Los ajustes contables sin explicación, la ausencia de seguimiento efectivo a las cuentas por cobrar y las conciliaciones bancarias pendientes configuran un patrón preocupante de desorden administrativo. No se trata de hechos aislados, sino de una forma de operar que debilita la credibilidad institucional. Mientras tanto, la ejecución de políticas públicas en deporte y actividad física depende de recursos cuyo destino real no puede ser plenamente acreditado.
Este escenario abre interrogantes fundamentales. ¿Cómo se asegura una gestión eficiente de los recursos cuando el propio organismo no logra demostrar la razonabilidad de sus cuentas? ¿Quién asume la responsabilidad por estas inconsistencias? La rendición de cuentas no es una formalidad burocrática: es un deber básico cuando se administran fondos públicos destinados al bienestar de la población. La falta de claridad financiera no solo compromete la gestión interna del IND, sino que también afecta la confianza ciudadana en una institución clave para la política deportiva del país.
Hasta que estas irregularidades no sean aclaradas y corregidas mediante procesos de auditoría exitosos, el IND seguirá operando bajo una sombra de incertidumbre. Y mientras eso ocurra, los recursos destinados al deporte seguirán expuestos a dudas legítimas. Lo que está en juego no es solo dinero, sino la confianza en un organismo que debería ser un pilar del desarrollo deportivo y de la promoción de la actividad física en Chile.
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