La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) ha irrumpido en los sistemas educativos del planeta. Plantea desafíos y dilemas de alcance local y mundial. Por un lado, sus potencialidades son evidentes: facilita la automatización de grandes volúmenes de información con sus respectivos análisis, optimiza procesos de aprendizaje personalizados y expande las fronteras de la investigación mediante simulaciones, revisión bibliográfica y generación de nuevos recursos didácticos.
Sin embargo, estos desafíos y dilemas conviven con riesgos éticos profundos. Los algoritmos pueden replicar sesgos de género, clase o etnia, amplificando desigualdades preexistentes en la sociedad. Además, el uso indiscriminado de estas tecnologías incrementa la amenaza de desinformación y ambigüedades, y plagio académico, erosionando la confianza social en la ciencia y en la educación. De allí que autores como Floridi (2023) planteen principios éticos ineludibles: beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y explicabilidad.
En la práctica educativa, la ética se vuelve central en tres dimensiones: garantizar el consentimiento informado para el uso y transferencia de datos en entornos digitales; asegurar transparencia y confiabilidad en los datos y algoritmos; y promover la integridad y seguridad académica frente a herramientas capaces de producir contenidos indistinguibles de los humanos. Organismos internacionales como la UNESCO han subrayado la necesidad de que los sistemas educativos consideren e integren estos criterios, formando a docentes y estudiantes en competencias digitales y éticas para el siglo XXI reconociendo los límites de acción como usuarios frente a las tecnologías emergentes
En definitiva, la incorporación de la IAG en la educación no es solo una cuestión tecnológica, sino un debate ético global que aún no consideramos como crítico. El reto consiste en construir un uso responsable que potencie aprendizajes inclusivos, proteja a los más vulnerables y fomente un ecosistema de saberes diversos, descolonizados y que garantice la justicia cognitiva.
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