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Fallo ambiental y responsabilidad estatal

Carmen Gloria Pérez, académica Carrera de Derecho UDLA Sede Viña del Mar

En un fallo contundente (más de 190 fojas) emitido a principios de septiembre, el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta condenó al Estado de Chile por grave daño ambiental provocado por vertederos clandestinos en Alto Hospicio.

Este debe subsanar materialmente el perjuicio mediante un Plan de Reparación, cuyas medidas específicas incluyen un diagnóstico inicial, el retiro y disposición segura de los residuos, la restauración del suelo, la recuperación del paisaje, la prevención de nuevos depósitos, instancias de participación y transparencia de la ejecución, así como un sistema de monitoreo y seguimiento.

La sentencia consideró la magnitud, extensión y permanencia del menoscabo ocasionado a distintos elementos del entorno, así como el riesgo social y ambiental derivado de la contaminación significativa de suelo y paisaje. Esta situación fue consecuencia de la acumulación masiva de residuos textiles, neumáticos, escombros y desechos de diversa naturaleza, lo que generó un deterioro evidente de la calidad y funciones del suelo, afectando su capacidad ecosistémica y contaminando extensas superficies. Asimismo, se determinó que la presencia de estos vertederos ilegales en pleno Desierto de Atacama alteró de manera notoria el paisaje, transformando el entorno natural.

El fallo ha despertado gran interés, ya que sanciona la actitud omisiva del Estado al tolerar la acumulación de toneladas de basura, lo que constituye una infracción al derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a las normas legales complementarias, ya que, frente a esta situación, tan común en nuestro país, las autoridades pertinentes no habrían adoptado medidas efectivas de prevención o remediación.

Sin duda, esta es una sentencia muy valiosa, que marca un precedente y abre una señal de esperanza considerando que los basurales están presentes a lo largo de todo Chile, muchas veces a la vista de las autoridades y, hasta ahora, en la mayoría de los casos con total impunidad.

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