Hace unos días, el domingo 8 de febrero en la cárcel de La Serena, un condenado en el módulo de aislados y castigados fue asesinado por su compañero de celda. Siendo pesimistas, podría significar muy poca sorpresa si consideramos, en algunos casos, los niveles de violencia que viven a diario algunos centros penitenciarios. Aunque este caso en particular encendió las alarmas por cruzar una línea más allá de la triste normalidad al interior de las celdas: el crimen ocurrió cuando el victimario atacó a la su víctima apuñalándolo en el cuello, provocando su muerte, para luego comer parte de su cuerpo: un ojo, parte de las orejas, manos y cuello, lo que actualmente es investigado por el Ministerio Público por su extrema violencia.

El hecho es tan crudo como real, entregando no solo una “buena historia” para las páginas policiales, sino también una realidad preocupante: la nula tipificación de este tipo de hechos, ausentes de persecución penal adicional al delito más gravoso que contempla nuestro marco jurídico como el asesinato.

Aunque primero es lo primero. Según la Real Academia Española, el canibalismo se refiere a la “antropofagia atribuida a los caníbales” como “costumbre alimentaria de los animales caníbales”. La antropofagia, en tanto, es entendida como la conducta de ingerir restos humanos y ha sido profusamente analizada como realización cultural o social, principalmente en organizaciones sociales que presentan un estado civilizatorio más primitivo.

Dicho aquello, se ha conocido que el canibalismo, impactantemente, resulta una práctica de cierta habitualidad en el contexto del crimen organizado. Es en México que se ha documentado cómo el canibalismo ha sido revestido de un objeto terrorista por aumentar el miedo al peligro que significa la actuación de las bandas organizadas.

En Chile, recientemente, ya se había conocido un caso en marzo del año 2024. El abogado Aldo Duque publicó en la red social X una causa en la que es interviniente y que hablaba de que dos personas habrían sido asesinadas y sus restos cocinados en una parrilla, para luego ser ingeridos por los propios supuestos homicidas y terceros invitados. El caso habría sido provocado por rencillas anteriores motivados por temas con droga entre los involucrados, hecho que sigue siendo investigado por el Ministerio Público, sin confirmar aún que haya existido el canibalismo.

Independiente de aquello, es importante mencionar que, para este tipo de prácticas, nuestra legislación no contempla sanciones específicas por esta causa. Sin perjuicio de que podría haber una vinculación y sanción para el delito que subyace a esta práctica, como el homicidio, las lesiones u otras clases de delitos violentos contra la integridad de las personas. Asimismo, la contravención a las reglas sobre inhumación de personas ya sea administrativas o penales, pueden verse implicadas en este tipo de hechos. Pero lo anterior, se vuelve difícil de sancionar considerando un tipo de agravante.

Más allá de las discusiones parlamentarias ocurridas hace un tiempo por algunos parlamentarios, incorporando cambios menores al ordenamiento legal, lo cierto es que Los hechos expuestos permiten sostener, sin ambigüedades, que la ausencia de una tipificación penal expresa del canibalismo en el ordenamiento jurídico chileno constituye una grave omisión legislativa.

Si bien se trata de una conducta excepcional, su sola ocurrencia, como ha quedado evidenciado en casos recientes, resulta suficiente para activar una respuesta normativa clara, eficaz y proporcional a la extrema gravedad del acto.

El canibalismo no solo supone una profanación intolerable del cuerpo humano y un menosprecio absoluto por la dignidad de la persona, aun después de su muerte, sino que además vulnera principios fundamentales de convivencia social y de respeto a la memoria del fallecido.

Asimismo, esta práctica trasciende el ámbito estrictamente penal y se erige como un problema de salud pública.

El consumo de restos humanos implica riesgos sanitarios evidentes, tanto para quien incurre en la conducta como para la comunidad en general, considerando que el cuerpo humano no está biológica ni naturalmente destinado a ser ingerido por otro.

La antropofagia, por tanto, no puede ser abordada únicamente de manera indirecta mediante figuras penales conexas o interpretaciones extensivas del delito de ultraje de cadáver, pues ello genera espacios de impunidad e incertidumbre jurídica incompatibles con un Estado de Derecho.

En consecuencia, se vuelve urgente y necesario avanzar en una legislación específica que sancione de forma expresa el canibalismo, estableciendo penas acordes a su gravedad y considerando agravantes cuando dicha práctica se vincule a delitos violentos o genere afectaciones a la salud pública.

No legislar sobre esta materia implica tolerar vacíos normativos frente a conductas que lesionan profundamente la moral social, la dignidad humana y la seguridad sanitaria.

El Derecho Penal, como última ratio, debe responder con claridad cuando la realidad supera a la ley, evitando que actos de extrema violencia y degradación humana queden sin una sanción adecuada.

Esta instancia busca generar un espacio de reflexión y análisis crítico desde el mundo académico, promoviendo el diálogo informado sobre los cambios políticos en la región y el rol de la comunidad internacional frente a estos procesos. La actividad se realizará el miércoles 14 de enero, a las 10:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad del Alba, ubicada en avenida Ejército Libertador 177, Santiago.

El conversatorio contará con la participación de destacados académicos y especialistas en política internacional, entre ellos Guarequena Gutiérrez, abogada y ex diplomática de Venezuela y coordinadora del Centro de Atención Integral (CAI) de la Universidad del Alba; Juan Ignacio Brito, periodista e investigador en relaciones internacionales; Cristián Garay, historiador y director del Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago; y Luis Marcano, académico y ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, con una amplia trayectoria en derecho, historia y diplomacia. La actividad será moderada por Marcelo Estrella, director del Observatorio Social Universidad del Alba.

Guarequena Gutiérrez extendió la invitación a participar de este espacio de reflexión, señalando que “este conversatorio busca generar un análisis profundo junto a los académicos Juan Ignacio Brito, Cristián Garay y Luis Manuel Marcano, expertos en relaciones internacionales, derecho internacional y geopolítica. Abordaremos los escenarios que se abren para Venezuela, el impacto que esta situación puede tener en la región y las reales posibilidades de una transición democrática en el mediano plazo”, finalizó.

La acreditación AQAS destacó que la Universidad del Alba cumple con los estándares europeos de calidad en educación superior, establecidos por los European Standards and Guidelines (ESG), posicionando a la institución a nivel internacional y validando sus procesos de gestión y académicos.

“Este resultado significa que cumplimos con los estándares de formación de estudiantes y se abre la posibilidad de generar lazos estratégicos con instituciones europeas, lo que permitirá profundizar la cooperación académica y de investigación”, señaló Francisco Navarrete, director general de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación de la Universidad del Alba.

Asimismo, el rector de la Universidad del Alba, Rafael Rosell afirmó que “destacan la coherencia y transversalidad de nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, el modelo educativo centrado en el estudiante, el compromiso con la inclusión, la equidad y el acompañamiento académico, así como la fuerte identidad institucional compartida por nuestra comunidad universitaria en todas las sedes”. 

El panel de expertos de AQAS precisó los avances que ha tenido la institución en los últimos años y valoró su resiliencia. En este sentido, Francisco Navarrete afirmó que “el informe de acreditación recibido es un insumo relevante para la mejora continua institucional, que sin duda orientará la toma de decisiones en cada uno de los órganos colegiados llamados a cautelar la calidad de la gestión institucional y la formación de los estudiantes”.

Entre los principales beneficios se encuentra el reconocimiento de que la institución cuenta con estándares europeos de educación, lo que fortalece su prestigio y su posicionamiento en el sistema de educación superior, generando confianza en estudiantes, académicos y colaboradores.

“El próximo desafío institucional es la acreditación a través de la CNA (Comisión Nacional de Acreditación), cuyo proceso de autoevaluación ya está en marcha y, según las proyecciones, debería iniciarse formalmente en marzo de 2026”, destacó el director general de Aseguramiento de la Calidad y Acreditación de la Universidad del Alba.

“Mi reconocimiento y agradecimiento a toda la comunidad de la Universidad del Alba —autoridades, académicas y académicos, funcionarias y funcionarios, estudiantes, egresadas y egresados— cuyo trabajo, convicción y sentido de pertenencia han hecho posible este importante hito”, expresó el rector de la Universidad del Alba.  

Con este logro, la Casa de Estudios fortalece la educación de excelencia, consolida su propósito institucional y proyecta su desarrollo futuro con una mirada de calidad, transparencia y mejora permanente.

La investigación hecha por el Observatorio Social de la Universidad del Alba evaluó el desempeño de 19 ministerios y más de 800 programas públicos según tres dimensiones operativas —focalización, eficiencia y eficacia—, a partir del monitoreo 2023–2024.

Entre los resultados, se encontró que los gastos fiscales ejecutados en sectores de Educación, Trabajo, Desarrollo Social, Salud y Justicia concentran los programas de políticas públicas con mayores observaciones y objeciones.

Uno de cada dos pesos del Estado de Chile se gasta en programas de políticas públicas que presentan fallas de gestión, ejecución o resultados. Así lo reveló el Ranking Ministerial de Evaluación de Políticas 2025 realizado por el Observatorio Social de la Universidad del Alba, que analizó la gestión presupuestaria de 19 ministerios y más de 800 programas públicos durante los años 2023 y 2024.

El estudio advierte que el 56,9% de los recursos fiscales se destinan a programas con deficiencias de focalización, es decir, que no siempre llegan a las personas que realmente los necesitan. A eso se suma que el 52,7% del gasto también presenta problemas de eficiencia, relacionados con sobrecostos, demoras o uso inadecuado de los recursos, mientras que un 33,6% no logra los resultados comprometidos, lo que refleja debilidades en la eficacia de las políticas públicas.

Fredy Vásquez, investigador del Observatorio Social de la Universidad del Alba y autor del estudio, explicó que “en Chile se evalúa la calidad de políticas públicas por tres criterios principales: eficiencia que se traduce en uso correcto de los recursos; eficacia que es el cumplimento de objetivos y focalización, es decir a quien le llega el beneficio. Este ranking busca identificar los ministerios con mayores observaciones en estos tres criterios”.

Ministerios críticos y riesgos sistémicos

Los resultados ubican, entre las carteras con mayor proporción de programas con observaciones, al de Trabajo y Previsión Social (97,4%), Educación (81,4%), Justicia (81,1%), Desarrollo Social y Familia (80,2%), y Salud (78,4%).

Según Vásquez, “estos ministerios son grandes, con alto volumen de gasto y programas, por lo que las observaciones no se quedan en un informe técnico: pueden transformarse en riesgos sistémicos que afectan cobertura, tiempos de atención y calidad de los servicios públicos”.

Entre los ministerios con peores resultados en focalización —es decir, en “a quién llega y con qué prioridad” la política pública— figuran Bienes Nacionales (83,3%), Energía (70%) y Mujer y Equidad de Género (66,7%).

En tanto, la eficacia —si los programas logran o no sus resultados— presenta mayores incidencias en Culturas, Artes y Patrimonio (60,3%), Energía (60,0%), Ciencia (59,4%), Mujer y Equidad de Género (58,3%) y Desarrollo Social y Familia (57,9%).

En eficiencia, que analiza el uso de recursos y la gestión operativa, las observaciones más altas se concentran en Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Energía, con un 100% de programas objetados; y en carteras grandes como Educación (47,4%) y Desarrollo Social y Familia (46,3%).

“No se trata de castigar, sino de priorizar mejoras”

El investigador recalca que el objetivo del ranking no es “etiquetar ministerios buenos o malos”, sino identificar prioridades de mejora donde el retorno público sea mayor.

“Cuando un ministerio grande tiene muchas observaciones, el impacto de corregir procesos es enorme. Mejorar focalización o eficiencia en carteras como Educación o Desarrollo Social puede traducirse directamente en mejor atención, menos burocracia y resultados más visibles para la ciudadanía”, explicó Vásquez.

El estudio muestra además que entre 2023 y 2024 aumentó la proporción de programas con hallazgos, especialmente en eficacia (+11,1%) y focalización (+9,4%), lo que sugiere brechas en la entrega de beneficios y en la capacidad de medir resultados reales.

“La mitad del gasto público opera con observaciones de gestión, y eso no significa necesariamente mal uso, sino que hay margen para optimizar la manera en que el Estado llega y rinde cuentas”, añadió.