Los parlamentarios gremialistas enfatizaron que, ante el colapso definitivo de la estructura de poder en Venezuela y la reciente captura de figuras clave, Chile corre el riesgo de convertirse en un “refugio de impunidad” si no actúa con la misma celeridad que sus vecinos.

“No podemos permitir que quienes saquearon Venezuela y violaron derechos humanos busquen en Chile un escondite de impunidad bajo la fachada de migración. Argentina y Perú ya dieron el paso: prohibición total de entrada a los cómplices de la dictadura. Le exigimos al Ministerio del Interior que aplique la Ley de Migraciones con rigor y publique de inmediato un listado de personas no gratas vinculadas a Maduro. Chile debe dejar de ser el espectador pasivo de la región y liderar el cerco contra la impunidad”, señaló el diputado Ramírez.

Por su parte, Alessandri aseguró que “la seguridad nacional está en juego. Estamos viendo un efecto dominó donde los países vecinos están cerrando la puerta a los operadores del chavismo. Si nosotros no actuamos hoy, esos personajes —muchos de ellos con recursos de dudosa procedencia— intentarán entrar a nuestro país. El Gobierno debe instruir a la PDI y al Servicio Nacional de Migraciones para que crucen información con las listas de sancionados de la Unión Europea y EE.UU. No queremos en nuestras calles a quienes sostuvieron a una dictadura que causó la mayor crisis migratoria del continente”.

Los parlamentarios adelantaron que presentarán un proyecto de resolución en la Cámara para que el Presidente de la República instruya la revocación inmediata de visas y el bloqueo de activos a cualquier ciudadano venezolano que figure en las listas de sanciones internacionales vigentes hasta 2027.

En ese contexto, y considerando que esta situación también es comentada incluso a nivel internacional, Édgar Fuentes-Contreras, experto en Derecho Internacional y académico de la Universidad de los Andes (Uandes), advierte que es riesgoso tratarla desde una mirada carente de prudencia y sensibilidad.

Fuentes-Contreras subraya que la movilidad humana “ha existido con naturalidad en las diferentes épocas de la historia”, y que reducirla a cifras o asociarla directamente con la delincuencia o la inseguridad es un error que puede derivar en actitudes xenófobas y en un deterioro de la convivencia social.

“Emplear la migración como etiqueta que pueda conducir a asociar con fenómenos como inseguridad o delincuencia, sin las reservas del caso, es totalmente peligroso”, advierte, enfatizando la necesidad de un debate informado y libre de prejuicios.

Un derecho con límites y deberes

El experto recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 13, reconoce el derecho de toda persona a migrar, es decir, “a salir de cualquier país, incluso del propio”. Sin embargo, aclara que esto no implica que los Estados estén obligados a recibir a todos quienes lo soliciten, pues cada país puede establecer sus propias reglas y políticas migratorias conforme a su capacidad institucional y marco normativo.

“Como todo derecho, el de migrar tiene límites y deberes correlativos. No se trata de ir donde uno quiera, sino de hacerlo dentro del respeto a la ley y al orden público”, explica Fuentes-Contreras. En ese sentido, sostiene que la migración en situación irregular no puede considerarse válida, aunque indica que distintos países han optado por estrategias diversas, como procesos de regularización o requisitos previos de ingreso.

Más allá de la normativa, el académico Uandes enfatiza que las políticas migratorias deben construirse con coherencia, prudencia y un enfoque profundamente humano. “Los Estados no pueden omitir su obligación de dar a los migrantes un trato justo, compasivo y en igualdad. Esa es la base del respeto a la dignidad humana”, concluye.

Cuando las gestantes llegan al parto sin seguimiento médico, los riesgos aumentan. No hay registro de antecedentes ni control de enfermedades previas. Además, se enfrentan visiones distintas sobre el parto y el cuidado, lo que exige equipos con formación intercultural y capacidad de adaptación.

Este fenómeno, sin embargo, trasciende lo sanitario. Mientras el país registra una de las tasas de fecundidad más bajas de su historia (1,03 hijos por mujer en 2024, según el INE), las regiones del norte mantienen cifras más altas gracias a la migración femenina. De cada diez nacimientos, cuatro corresponden a madres extranjeras. La migración sostiene, por ahora, la natalidad nacional, pero no la resolverá.

A medida que las mujeres migrantes se integran, su fecundidad tiende a disminuir, y los flujos pueden cambiar con las coyunturas políticas o económicas. Depender de ese equilibrio es frágil. Chile necesita políticas que permitan tener y criar hijos sin que eso implique un sacrificio económico o laboral.

Es necesario reforzar la red perinatal del norte, ampliar los permisos parentales, ofrecer apoyos económicos continuos y promover la corresponsabilidad son pasos urgentes. Aunque el norte este impulsando el crecimiento demográfico del país, sin una política pro-familia real, ese impulso será pasajero. 

Angie Demierre Mardones

Académica Escuela de Obstetricia UNAB