Entre enero y noviembre de este año, 6.223 personas se declararon en quiebra a través de la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, también conocida como Ley de Quiebras. Esto representa un aumento del 47% en comparación con el mismo periodo de 2024, según informó la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

Además, durante lo que va de 2025, 4.180 personas han solicitado la renegociación de sus deudas bancarias y comerciales, lo que implica un incremento del 146% en comparación con igual lapso del año anterior.

A la luz de estas cifras, hay que recordar que la quiebra o situación de insolvencia de las personas puede ser un problema legal o administrativo, pero, ante todo, un fenómeno económico y social que se manifiesta a partir de decisiones individuales que fueron tomadas en un contexto muchas veces adverso. Entender por qué acontece es fundamental para avanzar hacia una mejor educación financiera y prevenir que más hogares vivan en esta situación.

Desde una visión económica, la insolvencia surge cuando el flujo de ingresos de una persona o familia se vuelve insuficiente para cumplir con sus obligaciones y compromisos financieros. En Chile, esta situación suele estar asociada a mercados laborales inestables, ingresos variables, informalidad y una alta dependencia del crédito de las familias para financiar consumo básico. Cuando el endeudamiento es utilizado como sustituto permanente del ingreso, y no como una herramienta de financiamiento para situaciones puntuales, el riesgo de tener un problema financiero se incrementa de forma significativa.

Un segundo factor relevante está relacionado con el costo del crédito, pues la existencia de tasas de interés elevadas, cobros adicionales y mecanismos de pagos mínimos hacen que las deudas, que en un principio pueden ser manejables, se transformen en cargas difíciles de sostener en el tiempo. Esto se agrava cuando las personas deben recurrir a múltiples créditos para hacer frente al pago de deudas contraídas con anterioridad, generando un efecto bola de nieve que termina por deteriorar cualquier margen de liquidez que tenga una persona o familia.

La falta de educación financiera también juega un rol primordial en estas situaciones. Muchas personas no tienen herramientas para poder hacer una evaluación de su real capacidad de endeudamiento, comprender el efecto de los intereses o anticipar escenarios que pueden ser adversos, como es el desempleo, una enfermedad o una disminución de los ingresos. En este contexto, decisiones que de forma aparente suelen ser racionales en el corto plazo, como es utilizar las tarjetas de crédito para cubrir gastos corrientes, son en la práctica decisiones que resultan demasiado costosas en el largo plazo.

Desde otro punto de vista, en los períodos de desaceleración económica se suelen incrementar este tipo de problemas. Cuando el crecimiento económico es menor y el empleo se debilita, los hogares con mayores niveles de endeudamiento son los primeros en caer en situaciones de insolvencia. La quiebra personal, en ese sentido, no debe leerse solo como un fracaso individual, sino como la manifestación de vulnerabilidades estructurales del sistema económico.

Por ello, abordar la insolvencia requiere algo más que mecanismos legales de salida. Implica fortalecer la educación financiera desde etapas tempranas, promover un uso responsable del crédito y avanzar hacia mercados laborales que entreguen mayor estabilidad. La quiebra puede ser una segunda oportunidad, pero la verdadera solución está en evitar que se transforme en la única salida posible.

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, destacó que uno de los principales cambios introducidos a la Ley de Insolvencia en agosto de 2023, fue la incorporación de este tipo de usuarios y usuarias al procedimiento gratuito de renegociación.

Desde el cambio de la Ley de Insolvencia, los deudores que emiten boletas de honorarios han podido renegociar gratis sus deudas ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir).

Este es uno de los principales hallazgos del Observatorio Estadístico de la institución en su más reciente actualización, correspondiente al período enero-abril 2025. Mientras que hacia fines de 2023 el 34% de las solicitudes de renegociación provenía de trabajadores independientes, en lo que va de este año esa proporción se ha duplicado: del total de los 1.131 procedimientos activos, un 68% son deudores con iniciación de actividades, correspondiendo a 804 usuarias. y usuarios.

Este dato es especialmente relevante si se considera que la renegociación es un procedimiento gratuito, de carácter administrativo, que permite —con el acompañamiento de los profesionales de la Superir— reestructurar el pago de todas las deudas mediante un acuerdo con los acreedores. Entre los beneficios que se pueden obtener, destacan la rebaja de intereses, la extensión de plazos y, en muchos casos, meses de gracia para comenzar a pagar.

Este grupo de honorarios tiene entre 30 y 44 años de edad, con ingresos mensuales entre $500 mil y $750 mil pesos y las deudas renegociadas promedio superan los 50 millones de pesos. El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, recordó que, hasta agosto de 2023, este tipo de deudores solo podía solucionar sus problemas financieros mayoritariamente con una liquidación de bienes, “ya que la Ley N° 20.720 los clasificaba como empresas. Sin embargo, con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.563, se modificó esa definición, permitiendo que este segmento pueda utilizar esta alternativa”.

La autoridad destacó que la modificación legal no solo amplió el acceso a una solución más flexible y ordenada, sino que también ha tenido un efecto directo en el bienestar personal y familiar de quienes optan por esta alternativa en lugar de caer en la quiebra. “Renegociar permite conservar bienes, evitar la estigmatización y, sobre todo, recuperar la tranquilidad emocional y la estabilidad del entorno familiar, al enfrentar las deudas de manera responsable y con acompañamiento institucional”, comentó el Superintendente.

Por otra parte, la incorporación de personas con inicio de actividades a la renegociación ha tenido un impacto significativo en el uso de este trámite. Desde el cambio normativo de 2023, se ha observado un aumento sostenido en la demanda: para 2024, el número total de solicitudes creció en un 185% y ya en los primeros cuatro meses del año el alza llega al 91%, en comparación con el mismo período del año anterior.

Procedimientos simplificados al alza

La entrada en vigencia de la Ley N° 21.563 en agosto de 2023 no solo amplió el acceso a la renegociación de deudas para emisores de boletas de honorarios, sino que también creó nuevos procedimientos simplificados para enfrentar situaciones de insolvencia, tanto a nivel personal como de micro y pequeñas empresas.

Estos mecanismos —más ágiles, con menos trámites y de bajo costo— permiten alcanzar acuerdos de pago con acreedores, a través de una reorganización simplificada, o bien facilitar la venta rápida de bienes para saldar deudas, mediante una liquidación simplificada.

Según el último informe del Observatorio Estadístico de la Superir, entre enero y abril de este año 1.944 personas se acogieron a una liquidación simplificada, lo que representa un aumento del 58% en comparación con el mismo período de 2024. Del total de casos, un 41% corresponde a mujeres, y las regiones con mayor número de procedimientos fueron la Región Metropolitana (46,6%), Biobío (10,1%) y Valparaíso (9,9%).

En el ámbito empresarial, el uso de esta herramienta también muestra un crecimiento sostenido. En los primeros cuatro meses del año, 149 Mipes iniciaron procesos de liquidación simplificada, lo que equivale a un incremento del 86% respecto al mismo lapso del año anterior.

Entre los rubros más representados destacan los servicios de restaurantes y comida móvil (5,3%), construcción (5,3%), terminación de edificios (4,6%) y servicios de impresión (3,3%).

El Superintendente Hugo Sánchez reiteró el llamado a actuar preventivamente frente al sobreendeudamiento. “No esperen a llegar a una insolvencia profunda. La invitación es a acercarse tempranamente a la Superir, informarse y acceder a los procedimientos disponibles de forma oportuna”, enfatizó.