Alerta por protección infantil: SLEP Valdivia y municipios contrataron personas inhabilitadas para trabajar con menores

Contraloría detectó casos en Valdivia, Mariquina y Lago Ranco y dio cinco días para responder por una situación que vulnera derechos fundamentales.

Una grave alerta institucional encendió la Contraloría General de la República, al revelar que cuatro entidades públicas de la Región de Los Ríos mantuvieron o mantienen personas legalmente inhabilitadas para trabajar con menores de edad desempeñando funciones con contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes.

El informe, contenido en el 19° Consolidado de Información Circularizada (CIC), incluye al Servicio Local de Educación Pública de Valdivia y a las municipalidades de Municipalidad de Valdivia, Municipalidad de Mariquina y Municipalidad de Lago Ranco, las que forman parte de un listado nacional que identificó 35 casos de este tipo en reparticiones del Estado.

La situación no es menor. La normativa vigente —en particular los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal— establece inhabilitación absoluta, perpetua o temporal para personas condenadas por delitos sexuales contra menores, prohibiéndoles ejercer cargos con vínculo directo con ellos. La ley obliga a las instituciones públicas a verificar previamente esta condición mediante el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones, algo que, según la Contraloría, no se cumplió.

El mismo informe revela un panorama aún más inquietante: entre 2020 y agosto de 2025, se detectaron 164 casos de personas inhabilitadas que ejercieron o ejercen funciones con menores, involucrando a 72 instituciones del Estado. No se trata, por tanto, de hechos aislados, sino de una falla estructural en los controles del aparato público.

Frente a estos antecedentes, la Contraloría instruyó a las entidades involucradas dar cumplimiento inmediato a la normativa, iniciar procedimientos disciplinarios, revisar eventuales nombramientos inhábiles conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Desde la Municipalidad de Valdivia, sin embargo, señalaron que aún no han sido notificados formalmente por la Contraloría. El administrador municipal, Cristian Oñate, sostuvo que se trata, por ahora, de información general.
“Hemos tomado conocimiento de un listado general que fue informado por Contraloría, en el que se menciona a distintos municipios del país, entre ellos Valdivia, respecto de contrataciones de personas inhabilitadas para trabajar con menores de edad. Es importante aclarar que, hasta ahora, se trata de una información de carácter general y que el municipio aún no ha recibido el detalle oficial de los casos específicos”, señaló.

No obstante, Oñate reconoció la gravedad del escenario. “De todas maneras, se trata de una situación grave, que tomamos con la máxima seriedad. Estamos a la espera de la información formal por parte de Contraloría para, una vez recibida, revisar los antecedentes y adoptar de inmediato todas las medidas que correspondan, conforme a la normativa vigente y resguardando siempre el interés superior de niños, niñas y adolescentes”, agregó.

Más allá de las respuestas administrativas que puedan venir, el informe instala una pregunta incómoda pero inevitable: ¿cómo es posible que el propio Estado, llamado a proteger a la infancia, falle en uno de los controles más básicos cuando se trata de personas que trabajan con menores? La Contraloría ya habló. Ahora, las instituciones tienen cinco días para explicar lo que no debió ocurrir.