El concejero regional Francisco Carcamo, manifestó su preocupación por un dictamen de Contraloría que impide que las municipalidades puedan enajenarse de los vehículos motorizados que han cumplido su vida útil y a la vez no puedan acceder a recursos para adquirir vehículos nuevos.
Tal inquietud lo expresó en el marco de la asamblea plenaria del Consejo Regional de los Lagos, CORE, realizada este miércoles en la ciudad de Puerto Montt, donde se refirió a esta situación que afecta a los municipios.
Indicó que a través de un dictamen establecido el año pasado por la Contraloría, se generó un vacío legal, donde elimina la norma que permitía el remate público de vehículos motorizados municipales, como estaba estipulado en la ley orgánica de municipalidades.
“Este dictamen de Contraloría señala de manera expresa y textual lo siguiente: mediante dictámenes, número, letra E 140292 y número letra E 187616, ambos del año 2025, la Contraloría General, ha establecido que tras la modificación del articulo 35 de la Ley de Economía Circular, se generó un vacío legal, respecto a la disposición de vehículos motorizados municipales, donde elimina la norma que permita su remate público, en la Ley orgánica de municipalidades”, señaló el representante de Chiloé.
El consejero Francisco Carcamo, indicó que un caso concreto se está dando con la Municipalidad de Quemchi, que no puede acceder a recursos del Gobierno Regional a través de la circular 33 para renovar su flota de vehículos, debido a que no puede enajenarse de aquellos móviles que cumplieron su vida útil.
“Ejemplo, el Municipio de Quemchi presentó una iniciativa al Gobierno Regional, de adquisición de maquinaria municipal a través de la circular 33, donde la Municipalidad a través de un decreto alcaldicio firmado por el alcalde y el concejo comunal, señala que esa maquinaria ha cumplido su vida útil y solicitan su renovación de flota a través de un proyecto, que actualmente está ingresado al Gobierno Regional para su evaluación técnica y administrativa, pero que presenta observaciones producto de esta interpretación de este dictamen, que señala que no cuenta con la documentación de la transferencia de los activos a un ente diferente al municipio, debido a la interpretación del dictamen, que impide la enajenación vía remate público”, sostuvo el consejero Cárcamo.
Añadió que el propio municipio de Quemchi, a través de sus autoridades, está solicitando un pronunciamiento de Contraloría con respecto a esta situación o bien establecer algún mecanismo alternativo para que los municipios puedan dar de baja dichos bienes.
El personero también solicitó el apoyo y el respaldo del Consejo Regional en pleno, para sumarse a la petición de la Municipalidad de Quemchi, dado que esta situación puede afectar a otros municipios de la región.
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