Seguridad y violencia rural: una deuda pendiente para el nuevo Ministerio de Seguridad Pública

Por Antonio Soto, Presidente Corma Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El Gobierno ha dado un paso en la dirección correcta con la creación del Ministerio de Seguridad Pública y su éxito dependerá de que se constituya como una entidad con capacidad real de intervención, con presupuesto y herramientas efectivas para enfrentar el crimen organizado y el terrorismo rural.

La seguridad sigue siendo una de las mayores preocupaciones en regiones como la nuestra. En la macrozona sur los hechos de violencia persisten, con ataques incendiarios y armados que generan terror en la zona, afectando a trabajadores, comunidades y al desarrollo productivo del sur de Chile.

Si bien es cierto que en los primeros meses de 2025 se ha registrado una disminución en la cantidad de atentados —en comparación con los años 2021, 2022 y 2023, cuando se reportaban hasta 24 eventos mensuales—, la violencia no ha desaparecido.

Esta reducción se ha logrado gracias a la implementación de un Estado de Excepción Constitucional ampliado, sumado a una mejor coordinación entre las autoridades regionales y la aplicación de estrictos protocolos de seguridad en el sector forestal, que incluyen la suspensión de faenas en zonas de alto riesgo.

Sin embargo, el problema de fondo sigue latente, ya que grupos violentos continúan operando con impunidad, sembrando miedo y destruyendo infraestructuras productivas y comunitarias, afectando mucho más allá del sector forestal.

Es clave entender que la seguridad es una condición habilitante. Es la base sobre la cual se construyen la paz social, la confianza, inversión y desarrollo. No hay empleo sin inversión, y no hay inversión donde impera la violencia o la incertidumbre.  Pero la seguridad, por sí sola, no basta. También se requiere certeza jurídica, especialmente en sectores productivos como el forestal, donde las decisiones de largo plazo dependen de reglas claras.

El nuevo Ministerio de Seguridad Pública tiene el desafío de consolidar una política integral que no solo aborde la reacción ante los hechos de violencia, sino que actúe en la prevención y en el desmantelamiento de las organizaciones criminales que operan en estas regiones.

No basta con mantener el Estado de Excepción de forma indefinida; se necesita inteligencia operativa, mayor presencia policial y militar donde realmente se requiere, y un trabajo interinstitucional eficaz para cortar las redes de financiamiento y logística de estos grupos.

A esto se suman los incendios intencionales, amenaza que año a año golpea con fuerza a las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos, con zonas de alto riesgo, con múltiples focos simultáneos, muchos de ellos iniciados en días y horarios estratégicos que impiden una respuesta oportuna.

Esto no es un problema solo del sector forestal, es una amenaza directa a las comunidades en general, a sectores productivos como la construcción, agricultura, salmonicultura y al patrimonio natural del país.

La seguridad de miles de personas en el sur de Chile, no puede seguir dependiendo únicamente de medidas transitorias. Es hora de una estrategia de Estado con visión de largo plazo, para lo cual desde ya manifestamos nuestra disponibilidad para colaborar con las nuevas autoridades.