Prohíben funcionamiento de residencia de adultos mayores en Pucón por graves deficiencias sanitarias y de seguridad

En un operativo conjunto que involucró a autoridades regionales de salud y justicia, se decretó la prohibición inmediata de funcionamiento y la clausura de la sede de la Fundación Legado del Nono.

La acción ocurre apenas dos semanas después de que testigos presentaran denuncias formales y la concejala Marina Matus elevara los antecedentes ante la Fiscalía de Pucón, activando un protocolo de fiscalización inmediata para proteger la integridad de los residentes.

La inspección fue encabezada por Maritza Flandes, fiscalizadora de la Seremi de Salud de La Araucanía, junto a la fiscal subrogante de Pucón, Melitina Sanhueza.

En el procedimiento participaron además representantes del Senama, entre ellas la asistente social Carola Parra y la abogada Giselle Gutiérrez, acompañadas por Felipe Figueroa del Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) y personal medico del Departamento de Salud Municipal.

El equipo multidisciplinario realizó un exhaustivo recorrido de más de dos horas por dormitorios, cocinas y áreas comunes para constatar el estado del recinto.

Los hallazgos detectados revelaron un escenario de vulnerabilidad crítica.

La autoridad sanitaria constató que el establecimiento carecía de las autorizaciones legales básicas para operar y registraba un peligroso déficit de personal, con solo dos trabajadores para atender a once adultos mayores. A esto se sumó el hallazgo de alimentos y sueros vencidos, un manejo deficiente de medicamentos y una infraestructura que no cumplía con los estándares mínimos de seguridad contra incendios o planes de evacuación.

Ante la gravedad de estas infracciones, la autoridad determinó un plazo perentorio de 30 días para que los residentes sean retirados del lugar y entregados a sus familias. Al respecto, la concejala Marina Matus enfatizó que esta medida responde al cumplimiento estricto de la Ley 21.013, señalando que cuando un recinto no garantiza condiciones mínimas de higiene y personal, el Estado tiene la obligación de intervenir para evitar que las personas mayores vivan en situaciones de riesgo o indignidad.

La concejala Matus reafirmó su compromiso con el bienestar de la comunidad, haciendo un llamado a la sensibilización de las instituciones y a la corresponsabilidad de los familiares. Al respecto, declaró:

“Mi compromiso es y será siempre con nuestra gente, especialmente con quienes hoy son más vulnerables. Es fundamental que las familias no deleguen el cuidado por completo; deben estar presentes y verificar constantemente que sus adultos mayores reciban una atención de calidad, incluso en estos recintos. Como autoridades, este caso debe sensibilizarnos para buscar formas de apoyo más efectivas que eviten la repetición de estos hechos. No basta con cerrar puertas, debemos trabajar unidos para garantizar que envejecer en nuestra comuna sea sinónimo de dignidad y seguridad”.

Finalmente, el recinto queda sujeto a un proceso sancionatorio cuya resolución final se definirá tras el periodo de descargos de la administración y una visita de verificación programada para el cierre del plazo establecido, la cual confirmará el cese definitivo de las operaciones en las condiciones actuales.

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