La eventual incorporación de Rodolfo Carter al gabinete abre debate político y coincide con cuestionamientos administrativos surgidos desde Contraloría por su gestión municipal en La Florida.
La conformación del primer gabinete del presidente electo José Antonio Kast comienza a tomar forma y uno de los nombres que aparece con fuerza es el del senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter. Según ha trascendido en medios nacionales, la intención del nuevo mandatario es presentar su equipo ministerial durante la primera quincena de enero, proceso en el que los equipos políticos intensifican el chequeo de antecedentes y trayectorias de quienes podrían asumir responsabilidades en el Ejecutivo.
En ese contexto, Kast planteó una alternativa poco habitual: convocar a parlamentarios en ejercicio para integrar su gabinete si las circunstancias lo requieren. “Siempre uno está analizando todas las situaciones. Si Chile necesita una situación como esa, que puede ser disruptiva, si es necesario, lo vamos a plantear y lo vamos a plantear de la mejor forma a la ciudadanía”, señaló el presidente electo, abriendo la puerta a eventuales movimientos desde el Congreso hacia La Moneda.
Al interior del sector reconocen que el principal nudo está en el área de Seguridad, una de las prioridades del nuevo gobierno. Allí, las opciones se han ido acotando y entre los nombres que concentran atención figuran dos generales en retiro —Enrique Bassaletti y Cristián Vial— además de Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida, quien fue electo senador por La Araucanía con la primera mayoría regional.
Carter ha sido considerado una carta fuerte debido a su perfil comunicacional y a su gestión municipal enfocada en el combate a la delincuencia, especialmente por iniciativas como la demolición de denominadas “casas narco”. Sin embargo, su eventual arribo al gabinete no genera consenso pleno. Desde el Partido Republicano se han mostrado cautelosos respecto de mover parlamentarios recién electos al Ejecutivo, mientras que en Chile Vamos se ha apelado a la urgencia y al clima de colaboración en la derecha. La diputada Ximena Ossandón, en tanto, ha expresado reparos, señalando que el respeto por la democracia debiera considerar a personas distintas de quienes ya fueron electos, aunque reconociendo que “al presidente no se le puede decir que no”.
La discusión política se cruza además con una controversia administrativa que involucra al senador electo. En los últimos días, un dictamen de la Contraloría General de la República solicitó la restitución de fondos pagados durante la gestión de Carter como alcalde de La Florida. El organismo fiscalizador objetó pagos por más de 18,5 millones de pesos a la exministra Cecilia Pérez, contratada en 2024 como coordinadora de gabinete, al no existir respaldos suficientes que acreditaran las labores realizadas. Asimismo, Contraloría cuestionó pagos a su exmarido y a la cuñada de Pérez, por montos cercanos a los 4,9 y 2,3 millones de pesos, respectivamente.
Desde la administración municipal se defendió que estas observaciones responden a diferencias interpretativas sobre los respaldos exigidos en contratos a honorarios y se anunció la presentación de antecedentes adicionales para subsanar las objeciones. A ello se suman críticas por la contratación de la madre de Carter, Gloria Fernández, en la oficina del Adulto Mayor, situación que el entonces alcalde calificó como un proceso “absolutamente transparente”.
Con este escenario, la posible llegada de Rodolfo Carter a un ministerio se instala como uno de los debates más sensibles del inicio del nuevo ciclo político, especialmente en La Araucanía, región que lo eligió como su principal representante al Senado y que observa con atención si su senador electo terminará cumpliendo ese rol en el Congreso o dará el salto anticipado al Ejecutivo.
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