Permisología y Desarrollo Sustentable

En los últimos meses la discusión sobre “permisología ambiental” ha acaparado portadas. El rechazo de proyectos emblemáticos en áreas prioritarias ha suscitado intensos debates sobre la eficiencia estatal, como también sobre las consecuencias que esta trae aparejada, en momentos donde es necesario incentivar inversiones, generar empleos y resguardar el patrimonio ambiental. No obstante, es igualmente importante reflexionar sobre los argumentos que subyacen a la oposición o apoyo de iniciativas e inversiones. La consideración de ambas variables permitirá entender, parcialmente, el panorama del crecimiento en nuestro país; como asimismo relevar la necesidad de emprender reformas legislativas que agilicen la acción estatal, sin descuidar el Desarrollo Sustentable (DS). 

Estudios recientes alertan el costo de la permisología, el CEP estimó que, entre el 08 % y 1% del PIB nacional se diluye en burocracia.  La Araucanía no está ajena a esta realidad, los datos del SEIA revelan que, durante el año 2024 no hubo aprobaciones de proyectos o iniciativas de inversión, situación que ha variado levemente en este primer semestre. Proyectos como, la planta incineradora WTE o el “suspendido” mejoramiento de la ruta Melipeuco- Icalma, se encuentran rechazados, desistidos o suspendidos.  No obstante, su materialización apuntaba a respuestas a problemas socio- ambientales urgentes para la región.

Nuestro país adopta el DS como modelo de desarrollo, siendo la premisa fundamental – pero a ratos obviada- que toda actividad humana genera impacto ambiental, pero existe un margen de “uso licito” de los recursos naturales.  Es aquí donde adquiere relevancia la distinción entre conservación y preservación. La primera busca hacer uso legítimo del ambiente y la segunda, pretende una pristinidad de los ecosistemas, excluyendolos de una intervención humana. La diferencia entre ambos conceptos no es inocua y su confusión trae consecuencias importantes.  Pues tiende a nutrir el núcleo de la oposición u aprobación a proyectos o actividades, sea conformando una “retórica ambientalista”, anclada en la preservación; o bien una “retórica desregulatoria”, que busca priorizar la actividad económica. Como es de suponer ambas retoricas son igualmente perniciosas, especialmente cuando la administración hace eco de criterios no razonables para decidir sobre una actividad o iniciativa económica. La institucionalidad existe para dar certeza al derecho y garantizar el DS. buscando precaver el impacto ambiental, adoptando medidas de mitigación y compensación cuando sea necesario, y garantizando el funcionamiento del modelo de control frente a incumplimientos de las normas ambientales.

Los costos de la permisología, junto a las retóricas ambientalistas y desregulatorias son tangibles y generan efectos medibles en la certeza jurídica, confianza institucional y crecimiento actuando como trampas para el mejoramiento de la calidad de vida y cuidado del medio ambiente.

Dr. Danko Jaccard

Universidad Santo Tomas.

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