El proceso de Consulta Indígena impulsado por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento se encuentra en entredicho en La Araucanía. Comunidades mapuche de la región calificaron la iniciativa como un “fracaso absoluto”, argumentando la escasa representatividad y la vigencia del estado de excepción en las provincias de Malleco y Cautín. Ante este escenario, anunciaron que la próxima semana se trasladarán hasta el Palacio de La Moneda para manifestar directamente su postura al Ejecutivo.
Ana Llao, consejera de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), criticó la forma en que se ha desarrollado el proceso, destinado a definir un nuevo sistema de compra de tierras en 71 localidades de las regiones del Biobío, Los Ríos y Los Lagos. “No nos estamos cerrando a la consulta. La consulta es un deber y un derecho que nos hemos ganado los pueblos indígenas, por lo tanto, es una obligación. Pero esa obligación tiene que ser con participación y no que nos traigan el paquete hecho desde Santiago”, afirmó, pese a que esta comisión fue conformada por el Presidente Boric con actores regionales, siendo presidida por el senador Francisco Huenchumilla.
La dirigenta vinculó la actual situación de la Macrozona Sur y recalcó que el proceso no puede ejecutarse en un contexto marcado por la presencia militar en las comunidades, refiriéndose a la condición de un estado de excepción constitucional permanente producto de la violencia en la zona, pese a lo cual recientemente violentistas con armas de fuego acribillaron a un guardia de seguridad en un sector rural de Victoria y dejaron a un segundo trabajador herido. “No se puede aceptar una consulta con imposiciones y militares custodiando caminos rurales en medio de nuestras comunidades”, sostuvo.
Desde Purén, voces advirtieron que recurrirán “a todas las instancias posibles” para que el Gobierno reconozca que el procedimiento “carece de legitimidad” y que fracasó, principalmente, por la militarización en la zona.
La polémica también tensiona al oficialismo. La candidata al Senado por el Partido Comunista, Elisa Loncón, afirmó que el mecanismo acordado por la comisión “no es legítimo”, y su postura fue respaldada por el senador Jaime Quintana.
En tanto, el senador Francisco Huenchumilla, presidente de la Democracia Cristiana y ex copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, se desmarcó de la responsabilidad en el actual conflicto: “A mí como copresidente de la Comisión, no me corresponde inmiscuirme en un proceso que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Nuestra tarea la cumplimos, y ahora la responsabilidad es del Gobierno y de las comunidades”.
Se espera que este lunes el Gobierno se pronuncie tras la reunión programada en la Delegación Presidencial de Temuco, donde se abordará la crisis de legitimidad que enfrenta la consulta.
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