Licencias médicas: cuando el abuso se disfraza de enfermedad

Por Rodrigo Vidal Lagos, collipullense.

¿Te imaginas pagarle las vacaciones o incluso el parto a alguien que no conoces? No es una exageración ni una metáfora. Es lo que está ocurriendo hoy en Chile con el sistema de licencias médicas. Un sistema que debería proteger la salud de quienes realmente lo necesitan, ha sido pervertido por algunos profesionales y funcionarios públicos que encontraron en él un cómodo atajo para el beneficio personal.

El año 2024 nos dejó cifras indignantes. Más de 250 médicos se autorizaron licencias médicas para atender partos particulares, algunos incluso en los mismos hospitales donde trabajan. Uno de ellos, en un acto que raya en el delirio burocrático, se extendió una licencia a sí mismo. Y como si eso no bastara para encender las alarmas éticas y administrativas, el costo de estas prácticas ascendió a más de 350 millones de dólares. Sí, millones. Dinero que perfectamente podría haberse destinado a reducir las listas de espera, mejorar la infraestructura hospitalaria o fortalecer la atención primaria en sectores vulnerables.

Pero el desfalco no termina ahí. Más de 25.000 funcionarios públicos salieron del país con licencia médica, amparados en certificados que indicaban reposo, pero con destino a playas, aeropuertos y hoteles fuera de Chile. No estamos hablando de errores administrativos. Estamos hablando de corrupción abierta, fraude al Estado y un abuso de confianza sin precedentes.

Lo más grave es que estos casos no se concentran en un solo organismo o región: se repiten en municipalidades pequeñas y grandes, en servicios de salud, educación y en cargos de responsabilidad. Se normalizó la licencia como derecho automático, como escudo frente a la fiscalización, y como herramienta para gozar de privilegios que la mayoría de los contribuyentes jamás tendrá.

Este escándalo, que algunos todavía intentan minimizar, es una afrenta directa a la ciudadanía. A cada persona que espera por una operación postergada. A cada madre que no consigue hora con el pediatra para su hijo. A cada adulto mayor que recorre kilómetros para recibir atención en un consultorio saturado.

Basta de licencias médicas convertidas en pasaportes vacacionales. Basta de profesionales que abusan de su posición para lucrar con el dolor de otros. Basta de una cultura que mira para el lado cuando el que defrauda es parte del aparato estatal.

Es hora de actuar. Las autoridades deben enviar un mensaje claro: quien roba al Estado roba a todos, y debe asumir las consecuencias. Las investigaciones deben avanzar, los sumarios deben derivar en sanciones reales, y los involucrados deben ser desvinculados, inhabilitados, y —cuando corresponda— procesados judicialmente.

Porque si el Estado no da el ejemplo, ¿cómo puede exigir ética a sus ciudadanos?

Y si 25.000 empleados públicos viajaron por el mundo amparados en licencias falsas, lo mínimo que la sociedad debe exigir es que no regresen a costa del erario público. No necesitamos más funcionarios «enfermos». Necesitamos servidores públicos sanos, responsables y comprometidos con el país.

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