El proyecto de valorización energética en Lautaro, WTE Araucanía, ha sido objeto de una feroz campaña de oposición marcada por desinformación, manipulación y discursos alarmistas que distorsionan la realidad. La activista Alejandra Parra Muñoz, una de las principales voces en contra de la iniciativa, ha difundido información engañosa sobre sus supuestos riesgos, con afirmaciones carentes de respaldo técnico y apelando al miedo en la comunidad. Sus vínculos con Héctor Llaitul, líder de la CAM, generan serias dudas sobre las motivaciones detrás de su cruzada contra una solución efectiva y moderna para la crisis de residuos en la región.
Durante una reciente presentación ante el Concejo Municipal de Lautaro, Parra aseguró que el proyecto implicaría la “incineración de basura” con efectos devastadores para la salud y el medioambiente. Entre sus declaraciones, mencionó la supuesta emisión de dioxinas cancerígenas que afectarían especialmente a mujeres y lactantes, argumentando que la contaminación migraría hacia la leche materna. Sin embargo, estas aseveraciones han sido refutadas por estudios técnicos y regulaciones ambientales internacionales. La tecnología Waste to Energy (WTE), utilizada en países con estrictos estándares ambientales como Alemania, Japón y Suecia, opera bajo normativas que minimizan las emisiones y garantizan que los residuos sean procesados de manera segura. No existe evidencia científica que respalde la relación entre plantas WTE y el aumento de enfermedades, un hecho ampliamente documentado por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA).
Pese a sus constantes afirmaciones sobre un “rechazo ciudadano masivo” al proyecto, los datos dicen otra cosa. Un análisis de redes sociales revela que el 80% de las interacciones en contra de la iniciativa provienen de fuera de Lautaro, lo que demuestra que no se trata de un movimiento espontáneo de la comunidad, sino de una operación de activismo externo con escasa representatividad local. Esto confirma que la estrategia de la oposición se basa en generar una percepción falsa de rechazo generalizado, cuando en realidad la comunidad no ha sido consultada de manera efectiva y con información verificada.
Alejandra Parra no solo es una activista ambiental, sino que ha mostrado afinidad con figuras y movimientos radicales, incluyendo su vínculo público con Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización responsable de ataques incendiarios y actos de violencia en la región. Esta conexión plantea interrogantes legítimas sobre la verdadera agenda detrás de su rechazo al proyecto. ¿Es realmente una preocupación medioambiental lo que motiva su lucha o es parte de una estrategia mayor para frenar el desarrollo de la región bajo consignas ideológicas?
El modelo “Basura Cero” que defienden Parra y su grupo ha demostrado ser una utopía cuando se plantea como única solución. San Francisco, ciudad que ha liderado los esfuerzos de reciclaje en Estados Unidos, implementó una política de Basura Cero con la meta de eliminar la disposición de desechos en vertederos. Sin embargo, la realidad ha sido distinta: a pesar de programas de educación masivos y normativas estrictas, el porcentaje de residuos que terminan en vertederos sigue siendo significativo. Ante esta limitación, la ciudad ha complementado su estrategia con valorización energética, reconociendo que el reciclaje por sí solo no es suficiente para gestionar los desechos urbanos.
En Europa, países como Dinamarca, Suiza y Suecia han integrado con éxito la valorización energética en su modelo de gestión de residuos. Estos países cuentan con tasas de reciclaje elevadas, pero han comprendido que el reciclaje domiciliario tiene un límite. Por ello, han optado por combinarlo con plantas WTE, que permiten reducir la cantidad de basura acumulada y generar energía limpia para el consumo doméstico e industrial. En Japón, Tokio cuenta con más de 20 plantas WTE operando en el corazón de la ciudad sin impactos negativos en la salud pública ni en la calidad del aire, gracias a normativas estrictas y a sistemas de control de emisiones avanzados.
El 13 de marzo, el Tribunal Ambiental de Valdivia evaluará la reclamación presentada por la empresa a cargo del proyecto, en respuesta al rechazo del Comité de Ministros a fines de 2023. La audiencia será clave para definir si la región podrá avanzar con una solución moderna y ambientalmente segura o si seguirá atrapada en una crisis de residuos alimentada por el miedo y la desinformación. Mientras tanto, la pregunta persiste: ¿quién se beneficia realmente de bloquear este tipo de iniciativas?
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