Cámara Baja aprueba solicitud del diputado Leal para que el Gobierno transparente en máximo 30 días todos los detalles del “Plan Buen Vivir”

El representante de La Araucanía logró que se obligara a las actuales autoridades a detallar las obras, recursos y plazos contenidos en el programa anunciado para la Macrozona Sur. 

Por 55 votos a favor, esta semana la Cámara Baja aprobó una solicitud de oficio que realizó el diputado por la Región de La Araucanía, Henry Leal (UDI), para exigirle al Gobierno -y en específico al ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde- que dentro de un plazo de 30 días den a conocer todos los detalles del “Plan Buen Vivir”, que tiene por objetivo mejorar la seguridad e infraestructura en la Macrozona Sur, pero que a juicio del parlamentario ha carecido de información y de transparencia desde que fue anunciada en mayo del año pasado.

Al respecto, y considerando que el representante del Distrito 23 ya había presentado una serie de oficios solicitando dicho detalle, pero que no habían sido respondidos por el Ejecutivo, esta vez pidió que fuera la Cámara de Diputados la que se pronunciara sobre el punto, logrando su aprobación.

“Hace más de un año, ante la negativa del Gobierno de decretar un Estado de Excepción en la Macrozona Sur, las actuales autoridades anunciaron el famoso ‘Plan Buen Vivir’, que supuestamente venía a reparar las décadas de abandono que lleva nuestra región. Sin embargo, a la fecha ninguna autoridad local, ningún parlamentario ni alcalde, ha podido tener acceso a este programa, pese a que lo hemos solicitado en innumerables oportunidades, sin tener respuesta alguna”, advirtió Leal.

Por lo mismo, el parlamentario gremialista recurrió al Artículo 52 de la Constitución Política, que establece que el Ejecutivo deberá responder en un máximo de 30 días todas las solicitudes aprobadas por la mayoría de los diputados presentes, tal como ocurrió esta semana. Incluso, el representante de La Araucanía anticipó que de no cumplir con el plazo legal, el ministro de la Segpres podría ser acusado constitucionalmente -tal como lo establece la Carta Fundamental-, de modo que invitó a las autoridades a “transparentar como corresponde este programa y no seguir ocultándolo”.

En esa línea, Leal detalló que solicitaron todas las metas contenidas en el plan, los objetivos trazados, los recursos comprometidos y sus fuentes de financiamiento, los funcionarios contratados con sus respectivas remuneraciones y, finalmente, los plazos para cada obra o inversión presupuestada.

“Tenemos la legítima sospecha de que este plan es sólo un voladero de luces y no existe ningún programa financiado, con plazos y recursos, que permita devolverle a La Araucanía todos los años de abandono en materia de seguridad e infraestructura. Por eso decidimos recurrir a esta medida, para que el Gobierno tenga la obligación de transparentar todos esos detalles y que los habitantes de la Macrozona Sur puedan conocer las iniciativas que están en carpeta”, reiteró el parlamentario.

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