Un masivo cargamento de jarabes para la tos con componentes controlados fue detectado por Carabineros durante un control carretero en la Región de Coquimbo, procedimiento que terminó con un sujeto detenido y posteriormente enviado a prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas.
El hecho ocurrió la noche del 5 de marzo de 2026, cuando personal policial realizaba fiscalizaciones en el peaje del sector Puerto Oscuro, en la comuna de Canela. En ese contexto, los funcionarios controlaron a un conductor que transportaba una gran cantidad de medicamentos.
Tras la revisión del vehículo, Carabineros descubrió que el sujeto trasladaba 2.100 unidades de jarabe para la tos, productos que contenían codeína y pseudoefedrina, sustancias reguladas debido a su potencial uso para la elaboración o consumo indebido de drogas.
La fiscal de Los Vilos, Lady Dubó, explicó que el imputado no contaba con ningún tipo de autorización para transportar ni comercializar estos medicamentos. “La policía incautó 2.100 jarabes para la tos con estos componentes como codeína y pseudoefedrina, sin contar con la autorización para su transporte y comercialización de estos elementos”, señaló la persecutora.
Debido a la gran cantidad de productos incautados y al riesgo que representaba su distribución ilegal, la Fiscalía decidió formalizar la investigación por el delito de tráfico de drogas.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando que la libertad del imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.
“Su libertad, estimamos, era peligrosa para la seguridad de la sociedad por la cantidad de jarabes que iban a ser puestos a disposición de la población sin ninguna autorización y el tribunal estimó que había una necesidad de cautela en orden a resguardar los intereses de seguridad de la sociedad”, explicó la fiscal Dubó.
El Juzgado de Garantía acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva para el imputado mientras se desarrollan las diligencias del caso.
El tribunal fijó un plazo de 70 días para la investigación, período en que el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para esclarecer completamente el origen y destino del cargamento incautado.
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