Esta ley nos alineó con la Convención Internacional de Naciones Unidas, y nos entrega, valga la redundancia, un enfoque de derechos que reemplaza el enfoque asistencialista que predominaba.
Asimismo, creó el sustento institucional y normativo con el que, hasta hoy, funciona la inclusión, como el Servicio Nacional y el Registro Nacional de la discapacidad, o hacer exigible la accesibilidad en edificaciones colectivas.
A través de los años se han sumado otras, como la ley de cuotas de contratación y gestor laboral, o la reciente ley TEA. Sin embargo, la ley 20.422 del año 2010 sigue siendo la piedra angular original en esta materia.
A pesar de los avances, persisten enormes brechas en implementar la inclusión tal como concibe y proyecta el espíritu de dicha ley. El objetivo último es lograr un cambio cultural: ojalá esto no sea un tema legislativo permanente, sino que sea algo que venga dado en nuestra (por lograr) cultura inclusiva.
Andrés Musalem
Investigador Observatorio para la Inclusión U. Andrés Bello
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