Director del Doctorado en Derecho U. Central
Estamos ad portas a un nuevo ciclo de campañas electorales en donde partidos y candidatos despliegan actividades de difusión, comunicación y marketing. Esta será, quizás, la última campaña en que los políticos tendrán chipe libre para enviar spam.
Con la nueva ley de protección de datos personales –que entrará en vigor el 1º de diciembre de 2026– todos aquel que quiera desplegar una campaña de marketing político deberá acreditar que tienen una base legal para enviar correos electrónicos o mensajes de texto y deberán informarlo adecuadamente en sus políticas de privacidad.
El incumplimiento de estos deberes podrá acarrear importantes multas. Por ejemplo, no contar con el consentimiento del titular para el marketing directo u omitir la evaluación de un interés legítimo puede constituir una infracción grave, sancionable con multa de hasta 10.000 UTM (es decir, $686 millones de pesos, aproximadamente).
Las nuevas reglas del juego no admiten excepciones y las organizaciones políticas no pueden reclamar un régimen especial. Esperemos que el compliance de protección de datos empiece a permear las campañas, prontamente, y sea parte de un nuevo estilo de hacer política.
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